Medio Ambiente: derechos de propiedad, instrumentos de mercado y bosques

Jonathan Chaves Casals
Politólogo Instituto AMAGI

Desde 1973, el 5 de junio de cada año, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Las últimas décadas del siglo pasado fueron prolíficas para introducir la problemática ambiental como un tema de política nacional y particularmente, internacional. La alerta mundial por los efectos del cambio climático, la escasa tecnología en el uso del suelo (principalmente en países en desarrollo), la creciente deforestación que amenazan el equilibrio de los ecosistemas naturales y la falta de agua en zonas de alta densidad poblacional han obligado a poner el tema ambiental en la palestra mundial.

Lo “ambiental” ha tomado diversas connotaciones. Estas van desde la conservación del bosque, de las cuencas de los ríos y los mantos acuíferos (es decir, de lo natural en general) hasta las relaciones entre lo urbano y lo rural y la contaminación propia de las ciudades. Ante estas problemáticas, muchos actores, organizaciones y políticos relevantes en el tema ambiental han optado por una visión conservacionista de la naturaleza, es decir, enfocada en la preservación y conservación de los equilibrios de los ecosistemas procurando la no intervención del ser humano o cuando fuera necesaria, mínima.

Esta visión entraña contradicciones con la realidad y agrava los problemas que enfrenta el ambiente. Por ejemplo, si bien en Costa Rica, durante el siglo pasado, la política ambiental se rigió a partir de la lógica de la conservación a instancias del poder estatal y el mantenimiento de grandes áreas de protección y conservación natural; en paralelo, se impulsaban políticas impulsadores de la producción nacional, principalmente en el tema ganadero y agrícola. Para la década de los años setentas y siguientes, se formularon diversos incentivos cada vez más complejos para frenar la deforestación y el mal uso de los suelos.

 Este tipo de políticas no pudieron haberse formulado y ejecutado sin seguridad jurídica. Los derechos de propiedad, claros y precisos, permitieron a los propietarios de bosques, de fincas o de zonas aledañas a las fuentes de agua, entre otros, optar por participar en los diversos incentivos forestales e hídricos. El ejemplo más importante es el del Pago por Servicios Ambientales (PSA) en materia forestal, que tras su implementación a finales de la década de los noventas ha logrado revertir la deforestación. Si bien la cobertura boscosa cada año aumenta, muchos árboles de gran valor económico (por su longevidad, por los servicios ambientales que brindan, la captura de carbono, calidad de la madera, protección ante desastres naturales) continúan siendo talados por falta de información económica de los propietarios o por el comercio ilegal de maderas.

Por este motivo, la proliferación de instrumentos de mercado en la protección de los bosques es fundamental y se ha demostrado más eficiente y eficaz en proteger ese recurso. El PSA del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) y las iniciativas de empresas públicas y privadas, como la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. (ESPH) han utilizado transferencias monetarias entre actores públicos y privados a propietarios de bosque (aledaños a microcuencas en el caso de la ESPH) como medida de pago por los servicios ambientales que genera el bosque, definidos en la IV Ley Forestal de 1995.

La Ley define un servicio ambiental como “los que brindan el bosque y las plantaciones forestales y que inciden directamente en la protección y el mejoramiento del medio ambiente. Son los siguientes: mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero (fijación, reducción, secuestro, almacenamiento y absorción), protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, protección de la biodiversidad para conservarla y uso sostenible, científico y farmacéutico, investigación y mejoramiento genético, protección de ecosistemas, formas de vida y belleza escénica natural para fines turísticos y científicos” (Ley N° 7575, artículo 3). Esta definición fue un paso inmenso para revalorizar económicamente los bosques y a partir de esto, procurar su protección, sean sus dueños actores públicos o actores privados.

Como corolario, parece claro que la forma más efectiva de protección de los recursos naturales es dotándolos de su verdadero valor económico. Una parcela, una finca, una plantación forestal o un sistema agroforestal pueden ser protegidos y desarrollados, informando a los propietarios sobre su real valor económico e incentivando su uso sostenible. La simple conservación a manos estatal fomenta la tala y comercio ilegal de madera, la caza y explotación de especies animales y vegetales y la propia contaminación de cuencas hídricas. La tenencia clara, responsable y sometida a las leyes ambientales por parte de actores  públicos y privados en esquemas de mercado debe ser el norte de la política ambiental.