26 de junio de 2014

Seguridad privada bajo la lupa del Estado

Abraham Salazar
Instituto AMAGI
Desde hace diez años el mercado de servicios de seguridad privada en Costa Rica ha estado en franco crecimiento y no hay indicios de que la tendencia vaya a cambiar. Este aumento de la demanda de agentes de seguridad privada ha surgido por el crecimiento de la criminalidad en Costa Rica, por lo que tanto el sector privado como el público han requerido contratar los servicios de estas empresas.

Recientemente la Administración Pública, tanto la actual como la pasada, ha estado impulsando una serie de iniciativas para regular los servicios brindados por estas empresas. Algunas de estas medidas tienen sentido dado que se debe garantizar la idoneidad de quienes brindan el servicio, así como también garantizar el cumplimiento contractual por parte de la empresa para con el cliente.

Otras iniciativas que plantea la Administración Pública no son tan positivas como lo es el proyecto de ley que busca reformar la Ley de Regulación de Servicios de Seguridad Privada que se estudia en el Poder Legislativo, el cual amenaza con limitar severamente esta actividad económica, dejando sin empleo a miles de trabajadores y sin sostén económico a sus familias.

También tenemos la directriz en estudio por parte de la Dirección de Seguridad Privada que pretende prohibir las escopetas, lo cual afectaría severamente la forma en que se brinda el servicio, ya que este tipo de arma es la idónea para proteger personas y bienes porque existe un menor riesgo de sobrepenetración y  daños colaterales al tener un corto alcance.

Finalmente tenemos una situación en que se eliminó la capacidad de comunicación de algunas empresas al suspender el uso de frecuencias de radio, lo que deja a los agentes privados sin posibilidad de comunicarse en tiempo real e incluso pone en riesgo sus trabajos, ya que no podrán cumplir con contratos que exigen medios de comunicación.

El Estado cuenta con los medios de regulación eficientes en la normativa actual para poder controlar de forma efectiva los servicios de seguridad privada y poder garantizar el cumplimiento de los requisitos para operar así como también asegurar que brinden el servicio de forma adecuada a los clientes. Lo que la Administración Pública olvida es que no solo los ciudadanos y empresas requieren de estos servicios, el Estado también los requiere en múltiples sitios.

La seguridad ciudadana no le compete exclusivamente al Estado, ya que es imposible que con sus oficiales puedan proteger a cada ciudadano, empresa y ente estatal. La seguridad le corresponde a todos, los servicios de seguridad privada facilitan esta labor al ofrecer personal profesional que sirve de elemento disuasorio a la criminalidad así como también permitir al cliente elegir quien es más adecuado para sus necesidades y esa libertad de decidir cómo queremos proteger nuestra vida y propiedad no la podemos perder.

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