Negociando Problemas

German Felipe Vega
Economista, Instituto AMAGI

Reconocida a nivel mundial por sus paisajes, café, Costa Rica se ha convertido en un país tomado por grupos de interés muy específicos. Desde organizaciones comerciales hasta grupos vecinales y grupos sindicales, basta con que exista una disconformidad con la realidad para que se paralice el país a cambio de  que se tengan que cumplir peticiones imposibles que satisfagan posiciones intransigentes de estos grupos.

La más reciente muestra de esto es el problema de pago a los educadores del Ministerio de Educación Pública (MEP). Lo que inicialmente se planteó como una huelga para exigir el pago de salarios atrasados a un grupo de colaboradores por problemas en la plataforma de pago, se convirtió en una manifestación difusa, con una extensa participación de otros grupos gremiales en “solidaridad” con los educadores. Sí, exigir el pago de salarios es una causa justa, y el gobierno debe honrar su parte y realizar de manera expedita los desembolsos.

Tras casi tres semanas de manifestaciones y meses de inconvenientes, el problema persiste a pesar del cambio de administración, indicando que el problema no es la falta de voluntad política, sino una verdadera imposibilidad técnica que entorpece las soluciones. A la fecha, el gobierno ha presentado una solución de pago con una alta viabilidad que involucra el uso de plataformas de pago bancarias. Sin embargo, esta iniciativa solo fue bienvenida por un 10% de los educadores. Si lo que se pretendía era el pago de los salarios y ya se ha llegado a una alternativa efectiva en el muy corto plazo ¿para qué continuar?  ¿Qué mensaje se les está enviando a los jóvenes estudiantes?

Quizás lo más preocupante es el daño que se está llegando a causar a nuestra institucionalidad. Por una parte, el MEP intentó hacer una migración de un sistema desactualizado y plagado con sobregiros de planillas a uno que permitiera tener más control y capacidad de auditoría sobre el pago. La historia (y posiblemente los tribunales de justicia) determinarán culpables y establecerán sanciones (de ser necesarias), pero no por ello debemos relegar la hipocresía gremial a un segundo plano. De acuerdo con la Contraloría General de la República, el antiguo sistema de gestión de recursos humanos realizó pagos de más en las planillas por cerca de 29 mil millones de colones. Este dinero equivale a casi el 60% del presupuesto anual del programa de comedores estudiantiles, y pudo haber sido utilizado para equipar más de 400 centros educativos en esta materia, y darle de comer a casi 120 mil menores. Si las consignas sindicales hablan de “solidaridad” con los colegas necesitados, ¿en dónde quedó la solidaridad con los menores en condición de pobreza que utilizan el programa de comedores estudiantiles? Pues en la billetera de algunos.

Por otra parte, se ha llegado a creer que los problemas deben resolverse mediante una vía estatal directa, mediante una declaratoria de emergencia, en donde se saltan los controles institucionales establecidos. Lo anterior con el fin de  conceder las demandas de ciertos grupos de presión. Nuestra Constitución Política es muy clara, y limita las declaratorias de emergencia a situaciones de guerra, conmoción interna, o calamidad pública. La historia reciente nos ha enseñado que las declaratorias de emergencia para temas específicos llevan al despilfarro de fondos públicos; basta con ver el triste resultado de la “trocha fronteriza” para darnos cuenta que declaratorias políticamente populares pueden llevar a resultados catastróficos. En el caso de los pagos de planillas del MEP, una declaratoria de emergencia abre las puertas a sobre giros en planillas, contrataciones directas innecesarias, y despilfarro general del erario estatal. Más allá de evitar que aquellos con órdenes de captura por pensión alimenticia vayan a la cárcel, una declaratoria de emergencia no resolvería la rigidez de la plataforma de pagos, así como tampoco evitaría que los almacenes de electrodomésticos gestionen cobros por no pagar la cuota de la pantalla plasma para ver el mundial. Hay muy poco por ganar, y mucho que perder, así que solucionemos nuestros problemas de la manera que nuestra institucionalidad ha establecido: mediante el diálogo y la negociación.

Hoy más que nunca debemos tomar consciencia de lo que exigimos a nuestros gobernantes. De mi parte, me conformo con un gobierno imparcial, que no permita que nuestros endebles recursos estatales se vayan en satisfacer exigencias que sólo benefician a grupos de interés muy específicos. ¿Seremos parte del problema o de la solución?