Por Abraham Salazar Instituto AMAGI |
La
comunidad internacional ha sido testigo del conflicto interno en Ucrania,
conocido como el Euromaidán, desde su inicio en noviembre de 2013, cuando el
gobierno ucraniano suspendió de forma imprevista la firma del Acuerdo de
Asociación y el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea para favorecer
un préstamo de Rusia, todo bajo la dirección del entonces presidente ucraniano
Víktor Yanukóvich. Estos sucesos causaron un descontento generalizado en la
población, la cual salió a manifestarse pacíficamente en favor del acercamiento
político y económico con la UE.
La
crisis ucraniana cayó en una espiral de violencia cuando las fuerzas de
seguridad suprimieron brutalmente las manifestaciones, la situación empeoró con
las primeras muertes de ciudadanos inocentes y se convirtió en una revolución
civil, la cual terminó con la destitución del gobierno y el nombramiento de uno
interino mientras se espera la realización de elecciones democráticas.
Conociendo
los hechos acontecidos durante el Euromaidán, podemos analizar la situación.
Debemos tener claro que bajo un Estado
de Derecho el gobierno no puede violentar los Derechos Fundamentales de la
ciudadanía, que fue lo que precisamente sucedió bajo el mandato de Yanukóvich. Cuando los individuos se manifiestan pacíficamente en
favor de más libertades económicas, sociales y políticas, el Estado debe
escuchar a los individuos y bajo ninguna circunstancia puede violar el
Principio de No Agresión que rige todas las relaciones humanas.
El
caso de Ucrania es un claro ejemplo de lo que sucede cuando un Estado adquiere
demasiado poder ante la ciudadanía, los gobernantes emplean la violencia en vez
del diálogo, protestantes pacíficos fueron brutalmente atacados por las fuerzas
de seguridad, muchos fueron heridos y asesinados, simplemente por manifestar
que querían una vida más digna. Al final prevalecieron las ideas de
libertad, paz y democracia, aunque a un
precio muy alto, pero es aun más alto el precio de vivir oprimidos.
Lastimosamente
cuando todo parecía marchar bien para el pueblo ucraniano, Rusia decidió
invadir la región de Crimea bajo el pretexto de garantizar la seguridad de la
población rusa de la zona. Lo cual sorprendió a la comunidad internacional,
aunque no es de extrañar al entender que Rusia emplea una política
intervencionista sobre los países que alguna vez pertenecieron a la Unión
Soviética, sirve de antecedente la invasión a Georgia que finalizó con la
secesión de Osetia del Sur y Abkhazia.
El
Principio de No Agresión que es fundamental para la libertad, es esencial en
las relaciones internacionales entre los diferentes Estados, Rusia violó ese
principio elemental de relaciones internacionales, así como también el
Memorándum de Budapest de Garantías de Seguridad, en el cual Ucrania acordó
destruir su arsenal nuclear a cambio de que fuera garantizada su integridad
territorial, respeto de sus fronteras, el no emplear presiones económicas para
influenciar la política ucraniana, evitar el uso de armas nucleares contra
Ucrania y garantizar sanciones en caso de que fueran empleadas. Ucrania cedió
esa capacidad disuasiva a cambio de garantías de seguridad, que Rusia hoy no
respeta y que ninguno de los otros garantes ha exigido que se cumplan.
Bajo
una invasión militar rusa y la clara violación de la soberanía de Ucrania, el
gobierno regional de Crimea decidió llevar a cabo un referéndum en donde se
determinaría si se separarían de Ucrania y se unirían a Rusia. El 16 de marzo
se llevó a cabo el referéndum, bajo la presencia de tropas militares rusas y el
rechazo de Ucrania y gran parte de la comunidad internacional. Los resultados
fueron abrumadoramente a favor de la separación de Ucrania y la anexión a
Rusia.
De acuerdo a la Constitución Ucraniana, los cambios territoriales solo pueden ser realizados por un referéndum en donde participen todos los habitantes de Ucrania con capacidad de voto, incluyendo aquellos que no residan en Crimea. No hay forma legal de acuerdo a la Comisión Electoral Central de Ucrania en poder llevar a cabo dicho cambio. Incluso la Comisión de Venecia, órgano asesor del Consejo de Europa y conformado por expertos independientes en Derecho Constitucional, ha determinado que el referéndum es ilegal.
Cómo podemos confiar en un referéndum al que a los analistas les despierta tantas sospechas no solo por la ausencia de un amparo jurídico sino también por el hecho que fue organizado en tan solo diez días, lo que ocasionó la ausencia de observadores internacionales provenientes de organizaciones confiables, así como también la ausencia de observadores nacionales de otras regiones de Ucrania. Además de situaciones como la vivida por los miembros de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, a los que les impidieron el ingreso cuatro veces con disparos de advertencia incluidos, lo que produjo que declararan el referéndum ilegal.
Genera también dudas la inexistencia de un padrón electoral verificable, el que no existiera un espacio para debatir sobre el referéndum, el alto número de votantes reportado, las denuncias de amenazas realizadas por paramilitares pro-rusos contra los votantes pro-ucranianos, la salida de habitantes de la península por temor de su seguridad, los casos de confiscación de documentos de identidad en los centros de votación, la inexistencia de una opción para preservar el statu quo en el referéndum, la ausencia de explicaciones claras para las dos opciones presentes, el que no se pueda cotejar el resultado obtenido, la falta de estándares nacionales e internacionales para garantizar la transparencia del proceso y el que se llevara a cabo bajo la sombra de las fuerzas militares rusas presentes en Crimea.
La
crisis de Ucrania y el referéndum de Crimea son ejemplos de lo que es una
violación al pilar fundamental de la libertad, que es el Principio de No
Agresión, no podemos validar las acciones de gobiernos en contra de la
población cuando esta busca mayores libertades de forma pacífica, tampoco
podemos aceptar que un país intervenga de forma arbitraria en otro país e
imponga su posición por medio de la violencia y mucho menos podemos legitimar
actos como un referéndum cuando se ha coaccionado la voluntad de las personas
por medio de la presencia de fuerza militar. A esos actos se les llama opresión
y son contrarios a la libertad que defendemos y atesoramos cada día de nuestras
vidas.
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