La no militarización de la Fuerza Pública

     

Por Abraham Salazar
Miembro de Instituto AMAGI

  Para nadie es nuevo el tema del conflicto limítrofe y la llamada “Invasión Nica” a territorio costarricense, el cual ya tiene casi tres años de estarse dirimiendo entre protestas diplomáticas entre los gobiernos, denuncias ante organismos internacionales y un litigio en la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Esta situación ha sido una de las más tensas en la historia de las relaciones diplomáticas entre Nicaragua y Costa Rica.

El canciller costarricense Enrique Castillo recientemente declaró que se preparan para cualquier eventualidad, incluso el que Nicaragua no cumpliera con lo que disponga la sentencia de la CIJ, situación que es posible, especialmente si nos basamos en los incumplimientos por parte del gobierno de Nicaragua respecto a las medidas cautelares que se les han impuesto, ya que ha mantenido personal civil y militar en Isla Calero y más recientemente ocasionó mayores daños al manglar protegido por el Convenio Ramsar con la construcción de dos canales artificiales en Isla Calero.

El preparativo para cualquier eventualidad incluye el envío de oficiales de Fuerza Pública, ya que nuestro país no cuenta con fuerzas militares permanentes debido a lo dispuesto en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. Estos policías tomarían control de Isla Calero y zonas aledañas con el fin de mantener al margen a los militares nicaragüenses. Este despliegue policial por fuerza deberá tomar tintes militares, ya sea por la reaparición de la extinta Policía de Fronteras o un nuevo ente policial.

Algunos se preguntarán porque tomará por fuerza un tinte militar. Esto es debido a que es muy diferente la función civilista actual de la Fuerza Pública al de un ente militar como lo es un ejército y la situación en Isla Calero demanda el uso de un ente castrense, no para escalar el conflicto pero si para todos los aspectos logísticos y defensivos de la situación. Nuestros policías actualmente no están preparados para dicha labor y tampoco cuentan con el equipo para ello.

El despliegue inicial en 2010, cuando recién empezaba el conflicto, nos mostró imágenes de algunos policías de Costa Rica con uniformes camuflados y armas automáticas de diversos tipos, incluidas armas de soporte como ametralladoras ligeras, pero también se vieron las carencias (falta de equipamento como camuflaje), no había uso de armas estandarizado, no tenían magazines extras, no contaban con muchos equipos necesarios.

Este tipo de despliegue, ante la eventualidad de enviar policías, obliga al país a invertir en entrenamiento y equipo muy diferente al que ha estado habituado la Fuerza Pública, incluso en sus divisiones especiales. Esto conllevaría a que se pierda esa connotación civilista que ha tenido hasta la fecha las fuerzas policiales nacionales.

Un cambio en el modo de operar y de entrenamiento en las fuerzas policiales nos llevaría a una nueva problemática: una policía más militarizada pero tratando asuntos civiles. Ya hemos visto los resultados de una policía militarizada en otros países, de forma reciente en Estados Unidos luego de los atentados de la Maratón de Boston, todo el mundo pudo observar una policía recorriendo calle por calle con equipamientos prácticamente indistinguibles a los de un ejército.

El cambio no solo genera problemas en el ámbito civil si no que también en el ámbito militar y en el ámbito jurídico, ya que se supone que no poseemos fuerzas militares permanentes, pero el equipar a la fuerza pública con equipo militar podría crear una ambigüedad, en ese sentido a nivel constitucional a lo interno y a lo externo daría a entender que poseemos capacidades militares, lo cual enviaría una señal al resto de los países que estamos ingresando a la carrera armamentista latinoamericana.

Como resultado tendríamos una Fuerza Pública con una función mixta civil y militar, que no podría llevar a cabo ninguna de las dos labores, ya que su entrenamiento militar impondría problemas para el manejo de asuntos civiles y su ámbito civil no le permitiría operar con la eficacia y eficiencia esperada de un ejército en caso de un conflicto internacional, por lo que básicamente seguiríamos indefensos e incurriendo en un mayor gasto en una Fuerza Pública que no sería apta para ningún trabajo.

Para finalizar es necesario evaluar nuestras necesidades de seguridad y defensa para adoptar las mejores medidas para nuestro país. La militarización de la Fuerza Pública no es una opción pero tampoco podemos depender únicamente de la diplomacia y el Derecho Internacional, ya que están sujetos a que fallen o no den los resultados esperados.