“Buitres” y Demonios

German Felipe Vega
Economista Instituto AMAGI

Cuando uno piensa en violaciones a los derechos humanos, usualmente trae a la mente imágenes de crímenes atroces en tiempos de guerra, en amplias censuras a la libertad de expresión, o bien la marginalización de las minorías ante un criterio arbitrario. Sin embargo, este 23 de Setiembre, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acogió, con amplia mayoría, una petición del gobierno Argentino para “condenar” las acciones de aquellos fondos de inversión que “atentan” contra la estabilidad económica (en una especie de “terrorismo financiero”) y por lo tanto impiden la debida tutela de los derechos humanos. ¿Qué tiene que ver un fondo de inversión con los derechos humanos? Aparentemente todo, y a la vez nada.

                La resolución se basa en la lucha (eterna) de Argentina con la reestructuración de su deuda soberana. Tras múltiples ceses de pago en las últimas décadas sobre sus obligaciones, Argentina tiene la credibilidad financiera de Pinocho: sus indicadores económicos delatan su incapacidad para administrar el erario público, mientras que los mercados financieros recortan cada vez más sus líneas de crédito. Con calificaciones de riesgo por los suelos, negociar con deuda soberana Argentina es un riesgo. Tras el default de pagos en 2002, Argentina se vio inmersa en una extensa renegociación de sus obligaciones. Para 2010, el 93% de los tenedores de deuda habían aceptado un redescuento del 70% del valor de sus títulos: por cada 100 dólares de deuda Argentina, el gobierno de este país accedió a devolver 30. Sin embargo, el 7% de los inversionistas restantes, decidieron darle la espalda al plan de reestructuración y demandar al país por la totalidad de los USD 4 Bn en sus manos.

                Estos inversionistas se han llegado a conocer como “fondos buitres”: entidades financieras que compran deuda de países en problemas financieros a un muy bajo precio para luego tomar acciones legales y exigir la restitución total de la misma. El caso de Argentina es ejemplar, ya que ha sido el fondo de cobertura NML Capital Limited el que ha liderado la lucha legal. Tras años de conseguir resoluciones favorables, NML Capital ha logró congelar USD 105MM en activos de reserva del estado Argentino en Estados Unidos, incautar el avión presidencial, y más recientemente, obligar al atraque en Ghana de un acorazado de la Naval Argentina por diez semanas.

Ante estos eventos, la presidenta de Argentina Cristina Fernández, ha acusado a estos “fondos buitre” de paralizar y entorpecer el flujo de caja de su país, haciendo a su gobierno incapaz de ejecutar su política pública por la falta de fondos. El discurso ante la ONU de la delegación Argentina se valió de esto: los fondos de inversión han ganado batallas legales que los obligan a efectuar enormes amortizaciones sobre su deuda, lo cual reduce la capacidad del estado Argentino para velar por la reducción de la pobreza, dar acceso a la población a servicios básicos, mejorar la educación, y proveer una tutela general de los derechos humanos. Con 33 votos a favor, la propuesta de Argentina fue acogida con éxito, y ahora se buscará crear un organismo legal multilateral que dicte las normas en la reestructuración de deudas.

                Sin embargo, a pesar de la “mala fama” que tienen a nivel mundial las instituciones financieras, es muy fácil culpar a terceros por los desastres propios. La resolución adoptada en la ONU envía, por desgracia, un claro mensaje a los países con altos niveles de endeudamiento: en caso de que no puedan pagar, no hay problema, hacerle frente a sus obligaciones legales no es importante. Los incentivos están colocados, y estos apuntan a fomentar una cultura de irresponsabilidad en el manejo de la deuda estatal en pos de “los derechos humanos”. Argentina no llegó al cese de pagos por un acuerdo tácito entre entidades financieras, sino por un pobre manejo de las finanzas del Estado junto con un mediocre desempeño de su economía.  La defensa sostenida de los derechos humanos se empieza con una Hacienda responsable, utilizar la enfermedad de la segunda para no proteger la primera es como ir enfermo al trabajo sin decirle al jefe para trabajar menos y ganar lo mismo.  Si se acusan a los “fondos buitre” de violentar indirectamente los derechos humanos, ¿por qué no acusamos a los gobernantes irresponsables, a esos “otros demonios”, de lo mismo?  

Sepamos ser Libres

German Felipe Vega
Economista, Instituto AMAG

       Reconocido como un país pacífico con algunos estándares de vida por encima de la media, Costa Rica es un país estandarte de “libertad” y relativa prosperidad en la región. Sin embargo, 193 años después de su independencia hemos hecho caso omiso a uno de los versos de nuestro propio Himno Patriótico al 15 de Septiembre: “sepamos ser libres, no ciervos menguados”.  ¿Realmente sabemos ser libres?

El teórico político Isaiah Berlin profundizó en la libertad como un valor compuesto por dos formas: la libertad negativa y la libertad positiva. La libertad negativa determina hasta donde pueden actuar los individuos por su cuenta, sin interferencia de terceros, y que usualmente se materializa en libertades políticas, de asociación, y expresión. La libertad positiva, por su parte, determina la capacidad de autodeterminación de destino de los individuos mediante sus decisiones voluntarias. Es en esta última en donde los costarricenses han desarrollado una confusión entre el legítimo papel del individuo y del Estado: mientras unos culpan a terceros de sus desdichas, muchos otros obligan a terceros a resolver el problema de otros.  

Al vivir en una sociedad plagada del legado del fallido estado benefactor de  la década de los años setenta y ochenta, hemos llegado a creer erróneamente en la “necesidad” de una simbiosis entre el paternalismo estatal y la consecución de la libertad positiva; se ha llegado a creer que la incapacidad de un individuo para lograr sus objetivos personales, ya sea salir de la pobreza, obtener casa propia, o hasta vender la cosecha del año, es consecuencia de un acuerdo tácito entre terceros. Para la sociedad costarricense, la incapacidad de ejecutar la autodeterminación individual es un sinónimo de ausencia de libertad y, por lo tanto, clama por el accionar Estatal como medida “correctiva” en pos del “bien común”. Sin embargo, la libertad positiva únicamente puede aplicar cuando se toma una acción que afecta el libre albedrío de otro para poder materializar la decisión que ese individuo tomó de manera voluntaria e individual, no porqué así lo decidió un principio “general” de la sociedad o bien el criterio de un tercero: “si sale mal, yo no fui, pero si sale bien si fui yo” no es libertad, sino elusión de la responsabilidad de la misma.

El Rol del Derecho y la Ley en una Sociedad Libre.

Daniela Vargas Gutiérrez
Vice-Presidente Instituto AMAGI
Coordinador Local Estudiantes por la Libertad

“La existencia de la Personalidad, la Libertad y la Propiedad, no se debe a que los hombres hayan dictado Leyes. Por el contrario, la preexistencia de su personalidad, libertad y propiedad es la que determina que puedan hacer leyes los hombres.”
Frédéric Bastiat

Hoy, recordando el aniversario del natalicio del pensador francés Frédéric Bastiat, reflexiono acerca uno de los pilares sobre los que se cimienta la sociedad moderna: el derecho y su rol como herramienta en una sociedad libre, al servicio del individuo y sus derechos.

Sin libertad no es posible que el ser humano como ser racional pueda desarrollar y alcanzar su potencial, que pueda generar valor y a raíz de éste, relacionarse con sus semejantes para aumentar los frutos de esta relación en la libre expresión del mercado. Una sociedad que se pueda denominar liberal es aquella en la que la libertad es el valor supremo, por lo tanto la propia existencia y dignidad del individuo dependen de este.

La existencia del derecho como ciencia doctrinaria y como ordenamiento jurídico en una sociedad liberal debe tener como propósito la protección del valor supremo libertad y los derechos que se derivan de este valor supremo, entre estos el derecho de propiedad. Es decir,  se parte del hecho que la libertad y los derechos individuales anteceden a la creación normativa a cargo del legislador y que éstos son inherentes a la misma naturaleza del hombre y le son “dados” por su condición de ser humano.

           

Es así como para la filosofía de la libertad el individuo es libre y posee una serie de derechos por su simple condición de ser humano y no porque un conjunto de normas emanadas de un ente legislativo- gubernamental- lo determina así.  La concepción del derecho en una sociedad liberal parte así de una noción ius naturalista del derecho en contraposición al positivismo y a la hegemonía del legislador defendida por esta posición doctrinaria.

Panamá camino a integrar la Alianza del Pacífico

Pablo José Gutiérrez Fernández III
Columnista Invitado Instituto AMAGI.
Candidato a Máster en Seguros y Gestión de Riesgo 
en el MIB School of Management en Triste, Italia.

Con la integración de Panamá a la Alianza del Pacífico, Varela hará más por el pueblo que con cualquier otra medida populista.

Panamá está por comenzar un nuevo quinquenio bajo el mandato del Presidente Electo Juan Carlos Varela. Durante la campaña, y como aparece en su plan de gobierno, Varela prometió mejorar la calidad de vida de los panameños usando diversas herramientas, entre las que se destacan el comercio, la educación, y ciertas medidas económicas, que si bien algunas son buenas, como la reducción de impuestos, otras no lo son tanto, como el control de precios, tema que toqué aquí.

Pero hay un punto importante que mucha gente suele ignorar, o dejar pasar a segundo plano, y es la política exterior. La política exterior es una herramienta poderosa para potenciar el desarrollo. En el plan de gobierno de Varela, que está construido entorno a “ejes”, podemos encontrar todo un eje basado en política exterior. Este eje, el cinco, se denomina “Una Política Exterior al Servicio del Desarrollo – Panamá Capital de las Américas”. Es importante señalar que la Vice-Presidente de Varela, Isabel St. Malo, se encargará de la cancillería y de llevar a cabo la política exterior del país.

En el 2011, el entonces Presidente del Perú, Alan García, invitó a sus homólogos de Colombia, Chile, México y Panamá a formar una alianza cuyo propósito sería el de “profundizar la integración entre estas economías y definir acciones conjuntas para la vinculación comercial con Asia Pacífico, sobre las bases de acuerdos comerciales bilaterales existentes entre los Estados parte”. De esos países, solo Panamá no pasó a ser miembro pleno de la alianza, ya que entró en calidad de observador.

Seguridad privada bajo la lupa del Estado

Abraham Salazar
Instituto AMAGI

Desde hace diez años el mercado de servicios de seguridad privada en Costa Rica ha estado en franco crecimiento y no hay indicios de que la tendencia vaya a cambiar. Este aumento de la demanda de agentes de seguridad privada ha surgido por el crecimiento de la criminalidad en Costa Rica, por lo que tanto el sector privado como el público han requerido contratar los servicios de estas empresas.

Recientemente la Administración Pública, tanto la actual como la pasada, ha estado impulsando una serie de iniciativas para regular los servicios brindados por estas empresas. Algunas de estas medidas tienen sentido dado que se debe garantizar la idoneidad de quienes brindan el servicio, así como también garantizar el cumplimiento contractual por parte de la empresa para con el cliente.

Otras iniciativas que plantea la Administración Pública no son tan positivas como lo es el proyecto de ley que busca reformar la Ley de Regulación de Servicios de Seguridad Privada que se estudia en el Poder Legislativo, el cual amenaza con limitar severamente esta actividad económica, dejando sin empleo a miles de trabajadores y sin sostén económico a sus familias.

Medio Ambiente: derechos de propiedad, instrumentos de mercado y bosques

Jonathan Chaves Casals
Politólogo Instituto AMAGI

Desde 1973, el 5 de junio de cada año, se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Las últimas décadas del siglo pasado fueron prolíficas para introducir la problemática ambiental como un tema de política nacional y particularmente, internacional. La alerta mundial por los efectos del cambio climático, la escasa tecnología en el uso del suelo (principalmente en países en desarrollo), la creciente deforestación que amenazan el equilibrio de los ecosistemas naturales y la falta de agua en zonas de alta densidad poblacional han obligado a poner el tema ambiental en la palestra mundial.

Lo “ambiental” ha tomado diversas connotaciones. Estas van desde la conservación del bosque, de las cuencas de los ríos y los mantos acuíferos (es decir, de lo natural en general) hasta las relaciones entre lo urbano y lo rural y la contaminación propia de las ciudades. Ante estas problemáticas, muchos actores, organizaciones y políticos relevantes en el tema ambiental han optado por una visión conservacionista de la naturaleza, es decir, enfocada en la preservación y conservación de los equilibrios de los ecosistemas procurando la no intervención del ser humano o cuando fuera necesaria, mínima.

Esta visión entraña contradicciones con la realidad y agrava los problemas que enfrenta el ambiente. Por ejemplo, si bien en Costa Rica, durante el siglo pasado, la política ambiental se rigió a partir de la lógica de la conservación a instancias del poder estatal y el mantenimiento de grandes áreas de protección y conservación natural; en paralelo, se impulsaban políticas impulsadores de la producción nacional, principalmente en el tema ganadero y agrícola. Para la década de los años setentas y siguientes, se formularon diversos incentivos cada vez más complejos para frenar la deforestación y el mal uso de los suelos.

Negociando Problemas

German Felipe Vega
Economista, Instituto AMAGI

Reconocida a nivel mundial por sus paisajes, café, Costa Rica se ha convertido en un país tomado por grupos de interés muy específicos. Desde organizaciones comerciales hasta grupos vecinales y grupos sindicales, basta con que exista una disconformidad con la realidad para que se paralice el país a cambio de  que se tengan que cumplir peticiones imposibles que satisfagan posiciones intransigentes de estos grupos.

La más reciente muestra de esto es el problema de pago a los educadores del Ministerio de Educación Pública (MEP). Lo que inicialmente se planteó como una huelga para exigir el pago de salarios atrasados a un grupo de colaboradores por problemas en la plataforma de pago, se convirtió en una manifestación difusa, con una extensa participación de otros grupos gremiales en “solidaridad” con los educadores. Sí, exigir el pago de salarios es una causa justa, y el gobierno debe honrar su parte y realizar de manera expedita los desembolsos.

Tras casi tres semanas de manifestaciones y meses de inconvenientes, el problema persiste a pesar del cambio de administración, indicando que el problema no es la falta de voluntad política, sino una verdadera imposibilidad técnica que entorpece las soluciones. A la fecha, el gobierno ha presentado una solución de pago con una alta viabilidad que involucra el uso de plataformas de pago bancarias. Sin embargo, esta iniciativa solo fue bienvenida por un 10% de los educadores. Si lo que se pretendía era el pago de los salarios y ya se ha llegado a una alternativa efectiva en el muy corto plazo ¿para qué continuar?  ¿Qué mensaje se les está enviando a los jóvenes estudiantes?

Soluciones de Mercado a Reclamos Sindicales

Germán Felipe Vega
Economista en Instituto AMAGI

La reciente huelga de educadores costarricenses por el no pago de las planillas ha dejado muy claro que existen problemas severos dentro de la operativa estatal. Entre todas las falencias que pueden llegar a tener un Estado, la falta de quid pro quo en sus planillas es algo que ni en crisis presupuestarias severas como la acontecida en Estados Unidos con el “Abismo Fiscal” llega a materializarse. Por desgracia, la falta al deber de cuidado del Ministerio de Educación Pública (MEP) ha heredado a la presente administración un sistema de pago de planillas deficitario.

La problemática de pago  en el MEP radica en la  implementación de una nueva herramienta “casera” (mas no barata) para realizar los pagos de salarios. Descrita por funcionarios del Servicio Civil como “lo más grande que hemos hecho”, Integra 2 es una iniciativa con casi 6 años de gestión y desarrollo, que venía a solucionar la operativo tipo “caja negra” de los sistemas informáticos vigentes en donde ni el Servicio Civil, ni el MEP, ni el Ministerio de Hacienda tenían accesos a los sistemas de pago. Por desgracia, las mismas falencias continúan presentándose. Durante las etapas iniciales de implementación, cerca de 1,700 colaboradores recién nombrados fueron excluidos del pago por “faltante de datos”, los cuales no pudieron ser incluidos a tiempo por las estrictas fechas de corte de la aplicación. Adicionalmente, el diseño de la herramienta es tan rígido que impide que se den pagos extraordinarios sin entorpecer los pagos ordinarios: si a una persona no se le pagó durante esta quincena no recibirá su pago sino hasta la próxima.

Los pagos de planilla siempre han sido unos de los grandes dolores de cabeza de todo departamento financiero, ya sea de una empresa privada o de una entidad estatal. Mientras para empresas pequeñas y ciertos negocios familiares los pagos pueden hacerse directamente mediante cheques al portador, pagos en efectivo, o transferencias directas, en donde el patrono o encargado financiero manda una transferencia al empleado por el monto de su salario, el uso de un sistema eficiente y automatizado de pagos de planillas se convierte en una necesidad. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que sería realizar 2,000 cheques por quincena para cancelar la planilla de una empresa?