David Rodríguez. Vice Presidente Instituto AMAGI, Presidente Revolución Liberal y Coordinador Local en EsLibertad. |
Esta semana en un día (8 de
abril del 2014) Costa Rica vio anunciado de manera oficial que tanto Bank of
America como Intel estarían trasladando 2.900 empleos (entre ambos) fuera del
país. Ambas corporaciones señalaron los procesos de reestructuración global de
sus operaciones como las causas. Esto generó mucha suscitación entre los
costarricenses dado que este anuncio se dio apenas dos días después de que Luis
Guillermo Solís Rivera fuese electo presidente de Costa Rica en una poco
concursada segunda ronda.
Sobra decir que el
presidente electo no tiene la culpa por estos 2.900 empleos perdidos, estas
corporaciones no toman estas decisiones de la noche a la mañana y por lo tanto
se asumiría que son decisiones que ya se habían tomado tiempo antes de que
realmente se supiese quien sería el nuevo presidente del país. Lo que sí es
cierto es que aún si se acude a justificar estos eventos como reestructuración
global; es innegable que hay factores del país que han hecho que dichos
reajustes perjudiquen especialmente a las operaciones en nuestro territorio.
Cuando corporaciones de tal
magnitud toman estas decisiones tenemos que preguntarnos ¿En qué estamos
fallando para que las mismas no nos vean como un país para hacer inversiones de
largo plazo? Hay que señalar que Costa Rica tiene una política fiscal que le
genera incertidumbre a las empresas, los altos costos operativos agobian al
sector productivo y dejamos mucho que desear en materia de facilidad para hacer
negocios.
Fue el mismo gerente general
de INTEL en Costa Rica quien dijo en
octubre del 2011 que el intento del congreso
de ponerle 15% de impuestos a las ganancias repatriadas de aquellas
empresas que gozan de los beneficios de las zonas francas, ponía en riesgo las
operaciones de INTEL en el país. Él mismo señaló que ‘‘INTEL hace inversiones
en un horizonte de largo plazo, y una de las cosas que tomamos con mucha
seriedad es la estabilidad y consistencia de la política fiscal’’. Por lo tanto no es sorpresivo que un país que
intentó gravar en su momento a una empresa a quien –como ellos mismos
reconocieron- dicho intento le pareció una mala señal… tres años después
anunciara que cerraría su planta manufacturera (y con ella se llevó 1.500
empleos).
El mismo INTEL señaló en
mayo de ese mismo año su preocupación por las altas tarifas eléctricas; cito
del periódico La Nación ‘‘La gigante
tecnológica Intel es una de las empresas estadounidenses que expresó a la
presidenta Laura Chinchilla preocupación por el precio de la energía eléctrica,
pues impacta directamente sobre los costos de operación de su planta en Belén.
’’ Y esto a pesar de que INTEL goza de una tarifa especial para industrias; lo cual
trae por lo tanto a colación la paupérrima situación que atraviesa el país con
respecto a las tarifas eléctricas. De hecho fue la Coalición de Iniciativas de
Desarrollo (CINDE) quien recientemente mencionó que el
precio de las tarifas eléctricas era uno de los factores que le restan
competitividad al país. De hecho fue la Unión Costarricense
de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) quien en su encuesta
trimestral de negocios señaló que ‘‘El costo de la
electricidad es el factor que más presiona al alza los costos de producción de las empresas en Costa Rica’’.
La misma
CINDE reconoció en su último
comunicado que factores como el exceso de trámites dificultan la atracción de
inversión extranjera. No es casualidad que un país que en el Índice de Facilidad para Hacer Negocios no logre tan si quiera estar entre los mejores cien
(actualmente ocupa la posición número 102) y dentro de este índice figuran
vergonzosas posiciones en el ranking tanto en protección de inversores como en
cumplimiento de contrato (169 y 139 respectivamente); dos categorías vitales
para la atracción de inversiones. En otras palabras la renta de los años en los
cuales Costa Rica era más competitivo ante los ojos de los inversionistas ya se
está venciendo.
El sector
productivo y su buen desempeño, vital para un sistema democrático, están sufriendo
en gran manera. Costa Rica, según la CEPAL, es el segundo país con más
desempleo en la región. La situación económica de un país es trascendental para
la paz social; una economía dinámica, creciente y estable repercute de manera
positiva en un país. Y Costa Rica está en una situación difícil.
El país y
el nuevo gobierno deberán mirar hacia la libertad económica para aliviar la
situación crítica que atraviesa el país. El descontento popular se escucha de
manera cotidiana en las comunidades del país. Para el presidente electo la gran
interrogante es si podrá romper con las posiciones habituales de su partido y
por ende dejarnos un país estable y próspero dentro de cuatro años.
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