German Felipe Vega Economista |
Por una parte, la propuesta del FA propone fomentar “medidas necesarias para desdolarizar” nuestra economía, lo cual implica incentivar mayor colocación de crédito en colones, el cual es más caro. Por otro lado, pretende que el Banco Central (BCCR) vuelva a ser el “nervio y motor de la economía” para fortalecer el subsidio cambiario a la exportación. En los 80s Costa Rica incursionó en un proyecto similar, el cual nos llevó a tasas de inflación por encima del 10% y a tasas activas promedio cercanas al 30%. Hoy, bajo metas de inflación, estas tasas se han reducido en un 50%, beneficiando a toda la población: garantizar precios competitivos vía tipo de cambio es incompatible con inflaciones y tasas de interés bajas en colones. Esta propuesta llevará a que nos endeudemos más en una moneda más cara. ¿De qué nos sirve tener precios atractivos si no podemos financiar el crédito?
El FA desconoce el funcionamiento de la banca comercial al proponer un impuesto del 20% sobre los intereses de títulos valores en manos de los bancos. La normativa bancaria y las buenas prácticas del negocio indican que se deben mantener recursos disponibles para hacerle frente a los retiros de depósitos. Estos recursos (“liquidez”) se mantienen como dinero en efectivo (para cajas y cajeros automáticos), como depósitos en otras instituciones financieras, y como títulos valores de bajo riesgo fácilmente canjeables por efectivo. Estos últimos son usados para mantener “reservas de liquidez” puesto que permiten obtener algún interés (bajo, por la naturaleza del producto). Colocar crédito implicar captar depósitos, pero para hacerle frente a los retiros, necesariamente se van a adquirir títulos valores. Sin embargo, la obligatoriedad de mantener estos títulos hará que parte del impuesto se traslade al deudor mediante mayores tasas de interés como si este fuera un nuevo costo operativo que cubrir.
Como única promesa de campaña afín al tema, el FA promete ofrecer tasas de interés bajas a los nuevos emprendimientos y a las Mipymes desde la banca estatal. Sin embargo, este proyecto ya existe y se llama “Banca el Desarrollo”, el cual está prácticamente congelado por temas regulatorios desde su creación. En este sentido, han sido mucho más exitosas las colocaciones de crédito para Mipymes por parte de la banca comercial usando fondos de la Banca Multilateral del extranjero. Sin un plan de acción, esta propuesta parece no ser más que un “gancho” para atraer votantes. ¿Propone el FA una revisión minuciosa a la regulación financiera? Su plan de gobierno no lo indica, llevándonos a cuestionar la capacidad de un eventual gobierno para atacar el problema.
En Costa Rica el crédito es caro por políticas del mismo aparato estatal. Quizás el principal costo asociado es el del encaje legal. Nuestro país cuenta con el encaje legal más alto de la región: el 15% de todos los depósitos deben mantenerse en una cuenta en el Banco Central, sin remuneración alguna. En Nicaragua el encaje ronda el 12% y el 0% en Panamá. Estimaciones del propio Banco Central apuntan a que una reducción del encaje legal del 15% al 10% reduciría los márgenes de intermediación en un 25%, por lo tanto abaratando el crédito. A pesar de ello, el FA propone la aplicación de encajes diferenciados por moneda y hasta crear encajes especiales para préstamos de origen extranjero; más y mayores distorsiones al financiamiento de la banca. ¿Cómo vamos a reducir la tasa de interés si propiciamos políticas que aumentan los costos de fondos?
Estas propuestas en materia financiera del FA son incoherentes. La solución no radica en el otorgamiento irresponsable de crédito barato desde bancos estatales, ni en gravar actividades necesarias para la operación bancaria, sino en facilitar la gestión crediticia, expandir la gama de bienes tomados como prenda, y atacar los fundamentales como la inflación y el encaje. Caso contrario, estaremos favoreciendo un modelo de desarrollo que otorga panes y pescados pero no permite financiar las cañas y los hornos.
Felipe.vega@gmail.com
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