Por Luis Fernando Ceciliano Columnista Instituto AMAGI |
A la luz de
los recientes acontecimientos de política comercial respecto del creciente
involucramiento del país en la región del Asia–Pacífico, concretamente
expresados en el inminente ingreso de Costa Rica a la Alianza del Pacífico, y
aprovechando que se me ha encomendado revisar algunos documentos relacionados
con el tema por cuestiones laborales, consideré apropiado escribir algunas
reflexiones sobre el particular.
Resulta
curioso e interesante ver cómo la integración de la región Asia–Pacífico, en
sus inicios, guarda importantes similitudes con el proceso de integración
económica centroamericana: la cooperación regional en la zona de Asia–Pacífico
nace como consecuencia del impulso integrador del sector empresarial del área.
Esto es especialmente visible en el caso de Centroamérica, donde los
empresarios son los mayores responsables del estrechamiento de los lazos
económicos y comerciales entre las naciones del istmo, a pesar de la existencia
de mecanismos formales que lo promueven y cuya operatividad –evidentemente– no aparenta
ser la más apropiada.
En el caso específico
de Asia–Pacífico, a pesar del amplio abanico de acuerdos bilaterales y
multilaterales que existe, la posición de los empresarios y académicos ha
primado sobre la de los gobiernos, siendo estos últimos los encargados de
generar las condiciones para llevar a la práctica las proposiciones de los
primeros. En el caso centroamericano, ha sido lo opuesto, por lo cual la
integración parece caminar mejor por la vía extraformal. Esa es la primera y
más importante lección que Costa Rica debe tomar si verdaderamente desea
aprovechar la extraordinaria oportunidad que la región de Asia–Pacífico, y especialmente
el Acuerdo Transpacífico de Asociación Económica (TPP) y la Alianza del
Pacífico (AP), le están presentando.
Es un hecho
irrefutable que las economías parte de toda esta dinámica comercial que la
traslación del centro gravitacional de la economía mundial hacia Asia ha
generado, son relativamente pequeñas desde el punto de vista individual, la
realidad es que conjugan a 500 millones de habitantes, que representan cerca
del 7% de la población mundial, así como el 26% del PIB global. El
impresionante dinamismo económico que se refleja tasas de crecimiento de casi
dos dígitos en algunos casos, es consecuencia de políticas de Estado de largo
plazo que se reflejan en las mejores facilidades para establecer negocios y en
los más elevados índices de libertad económica. Las burocracias limitadas, las
tasas impositivas bajas y la búsqueda incesante de la innovación y el uso de
tecnologías de punta han generado condiciones únicas para construir infraestructura
y generar educación de calidad entre la población de estas naciones, lo cual ha
redundado en flujos extraordinarios de inversión extranjera directa y en una
mejora generalizada en las condiciones de vida para toda la población. El caso
más dramático es el de Singapur, que en los años sesenta contaba con un
producto interno bruto per cápita de apenas 320 dólares y hoy exhibe un
coeficiente superior a los 46 000 dólares.
Actualmente,
contando apenas con un tratado de libre comercio en vigor con China y otro con
Singapur, alrededor de un 13% de las exportaciones costarricenses se dirigen
hacia países asiáticos, muy por debajo de Chile (45%) y del Perú (25%), pero
por encima de Colombia (9%) y del resto de Centroamérica (5%). Todo esto a
pesar de nuestras nada halagüenas calificaciones en cuanto a facilidades para
hacer negocios, libertad económica y
competitividad.
Por lo
tanto, ya Costa Rica ha avanzado bastante en su apuesta por Asia. El
establecimiento de relaciones diplomáticas con la República Popular China,
aunado a la posible apertura de consulados en Shanghai y Hong Kong, las
recientes embajadas en Singapur y la India, así como una nueva en Turquía para
2014 testimonian esa determinación. Ciertamente, los ministerios de Relaciones
Exteriores y el de Comercio Exterior han realizado una muy buena labor en la
operativización del giro hacia Asia que las dos últimas administraciones han
promovido. Sin embargo, a lo interno del país subsisten severos problemas que
hacen dudar sobre el provecho que se pueda sacar de la labor “hacia fuera” que
se ha hecho, materializado ya en el ingreso a la AP en 2014 y en el manifiesto
interés por formar del TPP.
En primera
instancia, Costa Rica tiene una grave atrofia en el sector público. Hay muchas
instituciones estatales –muchas de las cuales ya cumplieron su ciclo de vida–
con una burocracia gigantesca cuyo aporte al desarrollo del país es discutible,
toda vez que ello redunda en trámites excesivos y duplicidad de funciones,
detracción de recursos para educación e infraestructura, y un creciente déficit
fiscal que afectan directamente la competitividad de nuestra nación. No se trata
de cerrar el gobierno, pero sí de aplicar criterios de eficacia y de
pertinencia, de manera que podamos contar con un servicio público mucho más
pequeño y mucho más eficiente.
En segundo
lugar, existe un proteccionismo inconveniente sobre ciertas actividades y
grupos de presión, sobretodo en el sector primario. Arroceros, avicultores,
lecheros y todo el sector cooperativo gozan de prebendas escandalosas que
afectan el bolsillo la totalidad de los consumidores y que no permiten al país
acceder a alimentos y servicios más baratos, lo cual es altamente impactante en
los sectores de menor ingreso. Esto va en contra de la apuesta que Costa Rica
ha realizado en cuanto a su integración al sistema multilateral de comercio y
al libre intercambio de bienes, servicios y capitales.
Como tercer
punto, urge una reforma energética integral que permita elevar la cuota de
generación hidroeléctrica, solar y eólica por parte de entes privados, así como
la exploración y eventual utilización de petróleo, gas natural y vapor
volcánico en costas y parques nacionales bajo estrictos criterios de
sostenibilidad y mínimo impacto ambiental. Ello no solamente disminuirá el gran
impacto que la dependencia del petróleo extranjero causa en las cifras
macroeconómicas del país, sino que permitirá a los costarricenses el acceso a
electricidad y a combustibles más baratos y limpios.
Finalmente,
el tema de infraestructura debe atenderse con prontitud. La normativa atinente
a la concesión de obra pública tiene que revisarse y modernizarse, de manera
que se terminen los abusos con las revocatorias y las apelaciones, los procesos
exageradamente largos y basados en papel, y el inadecuado aseguramiento de las
garantías rendidas por parte de los adjudicatarios de los procesos. La
legislación panameña al respecto puede servir como punto de partida.
Si la
atención a los problemas anteriormente enumerados se sigue postergando, al vagón
de la multilateralización del regionalismo abierto que representa Asia–Pacífico
lo veremos pasar de lejos, y con ello la mayor oportunidad histórica que Costa
Rica ha tenido para convertirse en el próximo Singapur. Resulta imposible para
el país pretender correr una maratón si ni siquiera hemos dejado de gatear. Son
las empresas y los individuos quienes generan el intercambio comercial: sin un
ambiente propicio para hacer negocios en cuanto a facilidad de trámites,
disponibilidad de servicios y tecnología de primera; existencia de recurso
humano educado y competente; garantía de seguridad jurídica e igualdad de
reglas para extranjeros y nacionales; puertos y carreteras de primer orden; entonces
Asia–Pacífico –posiblemente la región más próspera del mundo no más de dos
décadas– y las posibilidades que ofrece a economías complementarias como la
costarricense, será otra amarga decepción de lo que pudo ser y no fue.
No hay comentarios:
Publicar un comentario