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Por German Felipe Vega
Colaborador Instituto AMAGI
El reciente proyecto de ley
denominado “Defensa del Consumidor ante la Usura en Tarjetas de Crédito” busca
establecer topes máximos a los intereses cobrados por los emisores de tarjetas
a sus clientes. Si bien sus promotores lo anuncian como una buena noticia para los
tarjetahabientes, las consecuencias económicas del mismo pueden ir en
detrimento del mismo consumidor.
Por
una parte, las “altas” tasas de interés en tarjetas de crédito son el reflejo
de lo conocido como riesgo de crédito; al ser una actividad de préstamo que
cuenta como única garantía una fe de pago, es usual que las carteras asociadas
a tarjetas de crédito presenten niveles de morosidad mayores a los de otras
carteras como hipotecas. La tasa de interés cobrada es
entonces una manera para mitigar el riesgo de crédito y asegurarse que los
potenciales prestatarios no sobre-apalanquen, es decir, mantengan niveles de
deuda de tarjeta de crédito acordes con sus ingresos. Un proyecto de ley como
el indicado generaría incentivos para que los consumidores se excedan en sus
compras con tarjeta de crédito, acumulando deudas que posiblemente no puedan
pagar: se generaría un exceso de demanda por crédito irrestricto. En la
coyuntura económica costarricense en donde el mismo Banco Central teme la
ocurrencia de una burbuja crediticia, este comportamiento es peligroso.
En
adición, no existe un estudio técnico que determine si estas tasas son elevadas
o “usureras”. Al ser la tasa de interés el precio del dinero, la única manera
mediante la cual se podría justificar esta ley es bajo la existencia de precios
mentirosos, es decir, cuando las tasas de interés de las tarjetas de
crédito no reflejen los costos de intermediación financiera ni los costos de
riesgo crediticio. Para ello se
necesitaría que los emisores de tarjetas mantengan un comportamiento
estratégico tal que la tasa que cobren refleje, además de los costos, algún
grado de poder de mercado sobre los consumidores: no deben existir
posibilidades de arbitraje que eliminen tal monopolio de facto. No obstante, actualmente existen 29 emisores y 348 tipos
de tarjetas, lo cual, junto con programas de compra de saldos de tarjetas a
tasas de interés más bajas, indican que si existe arbitraje. Además, si
comparamos las tasas de interés del dinero plástico en Costa Rica, en promedio
un 32% en dólares, con las de Estados Unidos, en promedio un 17%, si tenemos
tasas relativamente elevadas, pero si las comparamos con las mismas tasas de
Brasil, que alcanzaron un 300% el año pasado, tenemos tasas relativamente
bajas: es necesario un estudio técnico aplicado a nuestro país.
Por otra parte, en caso que
efectivamente los intereses sean elevados por la existencia de acuerdos tácitos
de colusión, ya existen recursos legales para desintegran los mismos y bajar
las tasas. El artículo 46 de nuestra constitución establece que “son prohibidos los monopolios de carácter
particular, y cualquier acto, aunque fuere originado en una ley, que amenace o
restrinja la libertad de comercio, agricultura e industria”, por lo cual este
proyecto de ley sería innecesario, y basta con un estudio técnico que respalde un
recurso de inconstitucionalidad para bajar los intereses en tal escenario.
Por último, cabe destacar los
emisores de tarjetas tomarían medidas al respecto. Al establecerse un precio
máximo, es de esperar una caída en la colocación agregada de fondos, por lo
cual existirá cierto grupo de individuos, posiblemente aquellos de menores
ingresos y calificaciones crediticias más bajas, que queden excluidas del
mercado de tarjetas de crédito. Ante ello, este grupo de personas recurrirán a
las llamadas “garroteras” y casas de
empeño para acceder a un crédito de consumo inmediato, por lo cual terminarán
pagando intereses mayores a los que estarían pagando con una tarjeta de
crédito. Este proyecto de ley vendría entonces a segmentar el mercado de
tarjetas de crédito, causando un severo
perjuicio a la estructura del consumo en nuestro país que representó el 65% del
PIB el año pasado.
En un año preelectoral en donde el discurso
político busca posicionar a ciertas figuras, es necesario entonces analizar con
ojo clínico este tipo de proyectos que, si bien son presentados como
benevolentes para el consumidor, pueden lisiar sus propias probabilidades de
participar en un mercado de crédito como lo son las tarjetas.
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