Veritas: Sí se puede reducir el empleo público

EDITORIAL

Durante una cadena nacional realizada el pasado miércoles, la Presidente Laura Chinchilla anunció las nuevas medidas que tomará a fin de reducir el déficit fiscal, según sus estimaciones, en 0.8% para dejarlo por debajo del 5%. En el Instituto AMAGI podemos destacar lo positivo de algunas medidas, como la congelación de excesivos salarios o la reducción del financiamiento estatal a los partidos políticos, más no podemos pasar por alto que la mandataria comentó que recortar más de 300 mil millones de colones significaría despedir cerca de 25 000 empleados públicos. Eso por su puesto, supondría un enorme caos pues el sector privado no tiene capacidad de absorción de estos, ¿o sí?

La misma mandataria se ha pronunciado a favor de tocar los superávits ociosos de instituciones descentralizados, aunque no ha precisado que piensa hacer con ellos. Es aquí, donde empezar a gestar soluciones con miras en la estabilización del empleo público. Antes que nada, es muy importante reconocer a los buenos funcionarios y más bien asegurarse de que se queden. No podemos continuar teniendo ineficiencias en el gobierno debido a la movilidad laboral.

Ahora bien, entre las ideas que se han precisado para utilizar los superávits a favor de la contratación de empleos públicos en el sector privado, se encuentra la de generar incentivos a empresas consolidadas para que contraten el personal sobrante. La ventaja de esta medida sería que ofrece seguridad laboral a corto plazo; lo negativo yacería  en que se podría prestar para crear distorsiones innecesarias en los mercados y, como en todo subsidio gubernamental, la posibilidad de corrupción está muy latente. De todas formas si la prioridad es reducir el déficit fiscal no se debe descartar esta opción del todo, siempre y cuando esto se realice una única vez. 

Una segunda posibilidad es lo que se ha hecho en otros momentos de manera exitosa y ofrecer una indemnización a aquellos que deseen abandonar el sector público voluntariamente. Lo positivo radica en que es una solución simple para utilizar superávits, por ende no requiere mayores procesos burocráticos. No obstante, esta medida podría ser mucha más cuestionada por sindicatos quienes consideran que no existe certeza de la contratación de los funcionarios en el sector privado.

La tercera opción, es más bien un complemento a cualquiera de las dos anteriores, además de ser la salida definitiva a la crisis fiscal y es la promoción de un fuerte crecimiento económico. En el Instituto AMAGI ya hemos comentado múltiples veces sobre la engorrosa traumatología y los elevados impuestos que atascan nuestra economía. La realidad es que hasta no se tomen medidas concretas en miras de hacer nuestras leyes tributarias menos selectivas y más bien estimuladoras de cualquier tipo de inversión. Costa Rica aparece en los últimos lugares del índice “Haciendo Negocios” del Banco Mundial y las oportunidades en el sector privado cada vez se restringen más.

Como vemos, es posible reducir la planilla estatal sin causar mayores problemas económicos. Por el contrario, un gobierno austero y ordenado siempre ha sido la mejor fórmula para mejor la calidad de vida de los ciudadanos. Así se demostró en Costa Rica durante los años cincuentas y sesentas con las administraciones de Mario Echandi y José Joaquín Trejos. Los datos hablan por sí solos.