El gran problema de los monopolios, parte I

 Por: Daniel Schuster Rodríguez

Editorialista y colaborador del Instituto AMAGI

Pretendo hacer en esta serie de artículos, un análisis de diversos monopolios que afectan a la sociedad costarricense y posibles soluciones de políticas públicas para enfrentar este severo problema que nos empobrece.

En la teoría económica se conoce como monopolio cuando en el mercado sólo hay una empresa que ofrece un producto o un servicio que no tiene sustitutos cercanos. Los ejemplos clásicos de este fenómeno han sido compañías que venden servicios de electricidad, agua o telefonía fija; que dadas las dificultades técnicas, es difícil ponerlas a competir. Incluso dentro de esta de categoría de lo que podemos llamar monopolios naturales, entrarían caminos vecinales e incluso las propias aceras.

Ahora bien, existen otra clase de monopolios, esos son los que fueron creados por ley. Los hay tanto de jure (cuando una disposición impide la competencia expresamente), comode facto (cuando no se ha prohibido la competencia expresamente, pero otras condiciones jurídicas y económicas así lo han permitido).

En este artículo analizaremos el monopolio de facto de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), específicamente en lo que concierne a cuidados de la salud. Dentro de los temas tabú de la sociedad costarricense está el desmitificar a esta institución. Ahora bien, voy a ser muy claro que a título personal no veo inconveniente en que exista la seguridad social, como bien lo planteaba el economista Friedrich Hayek, proteger a las personas de inclemencias de la vida como la enfermedad o la vejez no pone en el peligro la libertad en general. De hecho, el doctor Fernando Trejos Escalante sostuvo la tesis de que más bien la CCSS reforzaba la libertad económica. Con esto aclarado, procedo a manifestar mis preocupaciones respecto al tema.

Lo primero que hay que entender es que no existe tal cosa como la “salud gratuita”. La CCSS no le hace favores a los costarricenses, para financiar sus servicios toma del salario de todos los trabajadores cerca un 10% mensual (5.5% sólo por concepto de enfermedad y maternidad), aparte de lo que recibe por parte de los patronos y del Gobierno Central. Otro punto importante es que salud pública no es equivalente a salud estatal. Como se ha manifestado en otras ocasiones, lo público es de todos, por lo tanto debe respetar las decisiones de todos.

Si bien en Costa Rica existen los servicios de cuidados médicos privados, la carga del financiamiento obligatorio de la CCSS deja a muchos costarricenses sin otra opción. Eso la termina convirtiendo en un monopolio de facto. En muchos casos, hay personas que literalmente mueren en una lista de espera o que quedan condenadas a hacer fila a las cuatro de la mañana.

Aun así, la solución a las interminables listas es real e involucra un componente primordial para la acción humana; la libertad. El empoderamiento del asegurado es requisito para desarrollar un sistema de seguridad social eficiente. Esto es posible por medio de un mecanismo llamado Cuentas de Ahorro de Salud (CAS), un sistema introducido principalmente en Estados Unidos, que con adaptaciones al modelo costarricense es una receta práctica.

Las CAS son similares a una cuenta bancaria, con créditos y débitos, que puede ser utilizada para comprar servicios médicos privados (e incluso estatales, si es el caso) como consultas, medicamentos, seguros y todo aquello que autoricen las disposiciones pertinentes. Para su practicidad lo ideal sería entregar una tarjeta de débito cargada a la CAS de cada asegurado, además de crear las herramientas para la consulta de los saldos.

El paciente entonces tiene libertad de elegir y es responsable de tomar la mejor decisión por él mismo, eso provocará que la medicina sea más competitiva, los costos disminuyan y la calidad aumente.

¿Cómo lograr esto sin llevar a la CCSS a un colapso financiero aún mayor? La respuesta es sencilla, un asegurado que gane salario mínimo cotiza (tomando en cuenta el financiamiento tripartito) a la seguridad social un promedio de $700 anuales por concepto de enfermedad y maternidad. Si autorizamos una transferencia anual a las CAS de $500, la CCSS tendría que atender un paciente menos, pero recibe $200 de todas maneras. Tanto la institución como la persona se ven beneficiadas. Hay que tomar en cuenta además que el dinero disponible en la cuenta es acumulable y es viable abrir la posibilidad de hacer depósitos voluntarios, incluso exonerados de impuestos.

Es necesario reconocer que la administración de los productos directos que brinde la CCSS también ha de ser reformada, esto se puede conseguir por medio de la aplicación de la llamada “Ley de Desconcentración de los Hospitales y las Clínicas”, número 7852, aprobada en 1998 y que no ha sido aplicada.

La aplicación de las CAS, además de acabar con un monopolio de hecho, permitiría reducir enormemente las listas de espera ya que más personas tendrán acceso a servicios privados de salud. Un monopolio menos... ¿Qué estamos esperando?