Ocho argumentos en contra de los ocho argumentos para no legalizar las drogas

Por Daniel Schuster Rodríguez

Editorialista del Instituto AMAGI

El debate acerca de la legalización de las drogas calienta en el mundo cada vez más. Diferentes figuras desde intelectuales, académicos y hasta políticos han salido en la defensa del fin de la nefasta “guerra contra las drogas”. Sin embargo, al mismo tiempo existen grupos que intentan impedir que esto suceda y cuando Esperanza Aguirre (Liberal, Presidenta de la Comunidad de Madrid) defendió en televisión el fin al prohibicionismo, los sectores más conservadores de su propio partido no se quedaron callados. De ahí que en España se difundiera un texto titulado “Ocho argumentos para no legalizar las drogas”. Veremos punto por punto que tan fuertes son estos argumentos.

1. Es del todo impensable “una sociedad indiferente que admita la posibilidad de ver destruirse a una buena parte de sus miembros de forma legal”.

Podrá ser impensable o no, pero esa es la realidad actual y nada tiene que ver con drogas legales. ¿Ha escuchado de los accidentes de automóviles? Probablemente sí. Los autos son objetos de metal de varias toneladas que viajan a velocidades muy altas, son en sí máquinas de matar; aun así, nadie habla de prohibir los autos. Los cuchillos de casa admiten la posibilidad de que una buena parte de sus miembros se destruyan de forma legal. ¿Los vedamos también? El ejercicio de la libertad conlleva responsabilidad y si empezamos a prohibir tales o cuales cosas porque son malas para el cuerpo, luego prohibiremos otras porque son malas para el alma y así. Bajo este argumento llegaremos eventualmente al punto donde tengamos un Estado Policía que vigila cada segundo de nuestras acciones. Eso sí impensable.

2. La regulación de las drogas a nivel mundial no podrá evitar “las fórmulas ilegales (mafias) que hagan llegar la droga a los menores, por ejemplo”.

El prohibicionismo tampoco. Pongámoslo de la siguiente manera, si legalizamos las drogas, comercios más serios como farmacias van a poder ofrecer esos productos abiertamente, disminuyendo el mercado de los traficantes. Les aseguro que al menos estos otros establecimientos sí podrán tener la decencia de preguntar por una identificación. Probablemente no se pueda erradicar del todo la venta a menores, pero con la legalización se puede disminuir notablemente.

3. Aunque se llegara a un consenso sobre ejercer un férreo control estatal sobre el tráfico de drogas, esto “no podrá ser afrontado por la mayoría de países, con gobiernos débiles y escasos recursos para imponerlo”.

Ahí donde está todo el punto para la legalización y libre comercialización. Si un gobierno no tiene los medios para regular la venta legal de estupefacientes, mucho menos para prohibir su venta del todo.

4. El Informe Mundial de 2010 de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas muestra “buenas noticias en la lucha contra la producción y el consumo de sustancias”. Y es que “la superficie total del cultivo de cocaína ha caído un  13% desde 2007”. Esto se debe en gran parte a la “eliminación del 58% de los cultivos de Colombia”.

 

Así, Estados Unidos “ha reducido el consumo al ritmo en que se destruían plantaciones en Colombia”. Hay que recordar que EE.UU. es el mayor comprador de cocaína a este país. De 10,5 millones de consumidores que tuvo en los ochenta ha pasado a 5,3 millones en 2008.

Por el contrario, Europa, que se abastece de cocaína en Perú y Bolivia, duplicó sus consumidores de 2 a 4,1 millones en diez años.

Efectivamente se han eliminado campos de coca en Colombia. ¿A qué precio? Al precio de que los campesinos que la cultivaban se queden sin sustento, ya que el mejor medio que pudieron encontrar para mejorar sus vidas fue destruido por aviones que les matan las cosechas.

5. El Plan Nacional de Drogas en España pasó del Ministerio de Interior al de Sanidad en 2004. Desde entonces, ese paso de compartir un control policial con un enfoque sanitario y de prevención ha bajado las cifras de consumo en España.

“El consumo de cannabis cayó del 11,2 al 9,2 de cada 100 adultos que lo han consumido en el último año. Del 36,6% al 29,8% en menores”, cita Berna González en su artículo.

Es decir, “la combinación de la represión […] y la prevención del consumo, la educación para aumentar la percepción del riesgo entre la población, dan frutos innegables”, añade.

¿Entonces meter a la cárcel a personas que no hacen daño a otros es un buen método? Vaya, muchos dictadores totalitarias estarían orgullosos. Es claro que la prevención y la educación son componentes importantes, pero es imposible creer que encarcelar a los adictos es una buena idea. El adicto, en su defecto, tiene un problema de salud, no uno de justicia criminal. La represión en muchos casos conduce a agravar la situación y no a solucionarla.

6. En ese sentido, “ningún Gobierno puede claudicar anta una lacra que contribuye con fiereza al fracaso escolar, que perjudica la salud y que sume a una buena proporción de la población en la apatía social”.

Ya mencioné que es posible la educación para prevenir el consumo. Pero en serio, ¿puede ser un gobierno tan moralista? ¿Qué es la apatía social? Bajo este argumento el gobierno debería obligar a los niños a solo ver programas televisivos educativos, prohibir las comidas rápidas y exigir a todos a socializar –quizá quien lo redactó estaba pensando en obligarnos a ir a la Iglesia. ¿Dónde quedó la libertad individual? ¿Somos dueños de nosotros mismos?

7. Las drogas, pues, “no son sujetos de derecho, merecedores de un tratamiento de igualdad que cimiente su lucha por una legalidad universal”. Al mismo tiempo, “tampoco drogarse parece que sea un derecho reconocido en Cartas ni Constituciones”.

 

Este sí que es un legítimo argumento totalitario para promover el control social. En lugar de que nuestras vidas nos pertenecen y por ende somos libres de hacer lo que queramos, excepto aquello que esté expresamente prohibido (o sea, lo que dañe a otros), somos simplemente las fichas de ajedrez de un gobierno y podemos tener las libertades que al tirano de turno se les ocurra que son buenas.

8. Por último, la subdirectora de El País concluye señalando que “si hay una colisión entre dos utopías”, es decir entre los partidarios de legalizar las drogas y los de prohibirlas para acabar con el problema, “la obligación de los Gobiernos debe ser navegar en el rumbo hacia la que garantice mejor la salud e integridad de su población”.

Y ese rumbo definitivamente no es la prohibición. Que nos cuenten los mexicanos como ha mejorado su salud e integridad si todas las semanas decapitan a unos cuantos, tienen tiroteos por doquier y la gente está terriblemente asustada.

Como podemos ver los argumentos que presentan los prohibicionistas carecen de validez, al menos, en lo que respecta al funcionamiento de una sociedad libre. Ahora bien, si lo que algunos quieren es imponer sus valores morales o alguna otra especie de gobierno que nos proteja de nosotros mismos (Estado Niñera), quizá estos argumentos les puedan parecer muy legítimos.